A la plataforma de apuestas criptográficas sobre eventos Kalshi se le ha prohibido ofrecer en el estado de Washington una amplia gama de contratos sobre eventos, que van desde deportes y elecciones hasta tecnología y ciencia. El juez John McHale del Tribunal Superior del condado de King rechazó el argumento de la compañía de que la legislación federal sobre mercados de materias primas tiene prioridad sobre la ley estatal de juegos de azar.
Según la orden judicial, a Kalshi se le prohíbe ofrecer a los residentes del estado contratos relacionados con deportes, elecciones, política, entretenimiento, cultura, tecnología y ciencia. No se incluyen en la prohibición los contratos vinculados a materias primas, clima, economía e indicadores financieros, para los cuales se ha hecho una excepción.
Posición del Fiscal General del estado
El Fiscal General de Washington, Nick Brown, comentó la decisión en la red social X, afirmando que las autoridades estatales están responsabilizando a Kalshi por realizar actividades de juego ilegales y citó una reciente decisión judicial en apoyo de esta posición.
La orden obliga a la empresa a restringir gradualmente el acceso de los usuarios de Washington. Para el 19 de agosto, debe implementar un sistema básico de geofencing (tecnología para crear un perímetro virtual alrededor de un objeto geográfico real) basado en direcciones IP y datos de residencia de los usuarios.
Para el 2 de septiembre, debe desplegar un sistema de geofencing de múltiples capas de la empresa GeoComply.
Estas medidas deben eliminar la posibilidad de que los residentes del estado compren contratos sujetos a la orden judicial.
Esencia del litigio
La orden firmada consolida los términos de la medida cautelar preliminar que McHale ya había emitido en julio. El juez concluyó que la Ley de Intercambio de Productos Básicos (Commodity Exchange Act) no anula la legislación de Washington sobre juegos de azar, y también señaló que el estado presentó bases suficientes para la probable aprobación de sus demandas en virtud de tres leyes estatales.
Kalshi insiste en que la jurisdicción exclusiva sobre su negocio la tiene la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). El Tribunal de Apelaciones del estado de Washington rechazó la solicitud de la empresa para suspender la orden judicial hasta que se resuelva la apelación.
La disputa entre Kalshi y las autoridades de varios estados sobre el estatus de los contratos de eventos ha trascendido hace tiempo un solo caso judicial: la empresa defiende simultáneamente su modelo de negocio en múltiples jurisdicciones, apelando a la regulación federal del mercado de derivados. La decisión del tribunal de Washington esencialmente consolida la distinción: los contratos vinculados a indicadores financieros y de materias primas permanecen fuera de la zona de prohibición, mientras que los contratos sobre eventos políticos, deportivos y culturales caen bajo la legislación regional de juegos de azar.
El desarrollo futuro de la situación dependerá del resultado de la apelación y de cómo disputas similares en otros estados influyan en la jurisprudencia general sobre los mercados de predicción.
Opinión de la IA
Desde el punto de vista del análisis de datos automatizado, el caso de Kalshi en Washington no es el primer episodio de este tipo: un escenario similar ya se desarrolló en Massachusetts, donde la empresa enfrentó una demanda por apuestas deportivas sin licencia. La repetición del conflicto en diferentes estados apunta a un problema sistémico: el estatus federal de intercambio bajo la supervisión de la CFTC no garantiza un campo legal unificado a nivel estatal, y cada jurisdicción intenta trazar su propia línea divisoria entre 'contrato sobre un evento' y 'juego de azar'.
Un aspecto técnico que queda fuera del artículo es la propia arquitectura del geofencing. La transición del filtrado por IP a un sistema de múltiples capas de GeoComply en dos semanas sugiere que los reguladores exigen una exclusión efectiva, no meramente formal, de los usuarios, lo que para una plataforma con alcance internacional es técnicamente más complejo que un simple bloqueo por dirección. ¿Permanecerá este modelo —licencia federal más prohibiciones estatales específicas— como una solución viable a largo plazo, o el caso finalmente llegará al tribunal federal de última instancia?
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